Okupación en España y nueva Ley de Vivienda • Ézaro Legal

La okupación en España: cambios con la nueva Ley de Vivienda

La okupación en España está generando una gran alarma en la actualidad. Tanto que el 77% de la población lo considera un problema social, de acuerdo con el estudio Los españoles ante la okupación de la vivienda en España. De hecho, uno de cada cuatro ciudadanos cree que existe un riesgo medio/alto de que sus viviendas sean ocupadas ilegalmente. Pero, ¿sabes realmente en qué consiste la okupación, cómo se regula y qué cambios ha introducido la nueva Ley de Vivienda? 

¿Qué es la okupación en España?

Según la RAE, la okupación consiste en la “toma de inmueble vacío sin consentimiento”. Es decir, toda aquella persona que se instala en una vivienda o un local sin la aprobación del legítimo titular es considerado un okupa. Ahora bien, podemos encontrarnos ante una okupación en dos supuestos: 

  • Okupación de una vivienda sin autorización del propietario o morador
  • Okupación de vivienda vacía o abandonada

¿Cómo se regula la okupación en la legislación española? 

Hay que puntualizar que a nivel jurisprudencial no existe la okupación como tal, sino diferentes tipos delictivos relativos a esta práctica. ¿Cuáles son? 

Si el okupa accede a un inmueble en el que reside gente se considera delito de allanamiento de morada, regulado en el artículo 202 del Código Penal. Hablamos tanto de viviendas que sean primera residencia, como segunda. En este caso, el bien protegido es el derecho a la intimidad del hogar, a la vivienda y a la inviolabilidad del domicilio. Las penas pueden llegar hasta los cuatro años de prisión y una multa, dependiendo de si existió o no violencia o intimidación en el allanamiento. 

En cambio, la gran mayoría de las okupaciones son las que se producen sobre inmuebles vacíos o abandonados. Por ejemplo, un caserón que lleva años descuidado o pisos que pertenecen al banco o a un fondo buitre. Aquí,  el bien protegido es la vivienda, es decir, se considera un delito contra el patrimonio. En consecuencia se le aplica el artículo 245 del Código Penal por delito de usurpación, castigado con hasta dos años de prisión en caso de haber violencia o intimidación. 

¿Se considera okupación si un inquilino deja de pagar el alquiler? 

En todo caso, es clave que el consentimiento del legítimo titular nunca haya existido. Por ejemplo, si una persona te alquila un piso y deja de pagar la renta no estarías sufriendo un caso de okupación en sentido estricto. Se trataría de un incumplimiento de contrato civil. Por tanto, el desahucio se tramitará por la vía civil y con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos y Ley de Enjuiciamiento Civil. 

¿Qué cambios introduce la nueva Ley de Vivienda en lo que respecta a la okupación? 

A tenor de la entrada en vigor de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, el 26 de mayo de 2023, la okupación ha vuelto a la palestra. Incluso se han activado las previsiones de que esta práctica ilegal repunte por el aprovechamiento de las mafias del marco normativo. Cabe recordar que los casos de okupaciones se han incrementado un 37% entre 2018 y 2022, superando las 75.000 denuncias y los 15.000 procedimientos civiles en ese periodo, según datos del Ministerio del Interior.

Ahora bien, ¿cómo afecta la nueva Ley de Vivienda a la okupación en España? La principal modificación es la relativa al delito de usurpación. En este sentido, la norma flexibiliza los desahucios hacia personas vulnerables en propiedades de grandes tenedores de vivienda

¿Quiénes son grandes tenedores de vivienda? 
La normativa sigue considerando grandes tenedores a aquellas personas físicas o jurídicas con, al menos, 10 inmuebles urbanos de uso residencial o cuya superficie construida (excluyendo trasteros y garajes) exceda los 1.500 m2. No obstante, la cifra se reduce a 5 o más viviendas urbanas que se encuentren en una misma zona declarada tensionada, es decir, donde exista riesgo de acceso a la vivienda por una oferta insuficiente. 

Cuando concurran estas circunstancias, se producen una serie de novedades: 

  • Se alargan los plazos de suspensión de los desahucios hasta los dos meses (si el propietario es persona física) y cuatro meses (si el propietario es persona jurídica). El objetivo es que los Servicios Sociales puedan encontrar una solución residencial para ellos. 
  • Además, el propietario que inicie un trámite para recuperar su propiedad deberá acreditar que ha habido un procedimiento de conciliación o intermediación entre las dos partes. 
  • Junto a esto, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tendrán que comunicar el día y la hora exacta en que tendrá lugar el lanzamiento del ocupante.

Junto a esto, el propietario, sea o no gran tenedor, deberá especificar si el inmueble del ocupante es o no su vivienda habitual y, en el caso de ser gran tenedor, también deberá acreditar si el ocupante se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica.

En cualquier caso, si has sido víctima de la okupación o te preocupa serlo en un futuro y quieres saber cómo protegerte frente a estos delitos, en Ézaro Legal ponemos a tu disposición a nuestro equipo de abogados especializados para asesorarte. Pide cita y resuelve todas tus dudas

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