Acerca de Juan Pablo Busto Landín
Si estás en la situación de los miles de cooperativistas han perdido sus aportaciones a las cooperativas de turno, que han ido desapareciendo o están en concurso de acreedores, debes saber que es posible recuperar tu dinero mediante la reclamación a la entidad bancaria.
En efecto, no son pocos los casos de cooperativistas que pese a haber realizado su aportación inicial de entrada en la cuenta bancaria determinada, de 20 o 30.000 €, y, a continuación, ingresaban pagos periódicos, generalmente cada mes. A pesar de ello, llegado el día pactado para su finalización, la vivienda distaba mucho de estar en condiciones de su entrega, ya que en aquel momento la Cooperativa no contaba ni siquiera con la Calificación Definitiva, ni se sabía cuándo podría obtenerse, o si eso sería posible.
Tras las solicitudes iniciales de devolución a las propias Cooperativas tras los años del Boom Inmobiliario, muchas de éstas se han visto avocadas a un concurso de acreedores.
En el mejor de los casos a los cooperativistas más pacientes se les terminaron por entregar algunas viviendas (si la obra pudo concluir), y a los demás, una vez perdida esta inversión inicial, las viviendas que les correspondían fueron entregadas a la SAREB.
Por tanto, solo quienes contaban con un aval de alguna entidad solvente han podido recurrir a la misma para que les reintegre las cantidades entregadas a cuenta. Pero, ¿qué pasa con el resto?
¿Cómo puedo ahora recuperar el dinero?
La pregunta que muchos cooperativistas se hacen desde entonces es cómo recuperar su dinero, ya que tampoco se les ha entregado vivienda alguna, y la reclamación directa a la cooperativa ha resultado infructuosa, ya que la mayoría de los demandados se declaran insolventes y no pueden responder ante los cooperativistas.
Pues bien, existe una vía, al amparo de la Ley 57/68 (vigente hasta el pasado 31 de diciembre de 2015, ya que al día siguiente entró en vigor la nueva regulación al respecto introducida por la Ley 20/2015, que elimina parte de los requisitos para que el banco deba hacerse responsable en caso de que la vivienda no se construya), y que exigía a las promotoras y cooperativas contratar un seguro o un aval bancario que garantizara la devolución de las entregas a cuenta para cubrir las aportaciones de los compradores de vivienda, en casos como por ejemplo, que no se iniciase la construcción, o no se concluyese en el plazo pactado
Así lo refleja el Tribunal Supremo en su sentencia de 21 de diciembre de 2015, al referir que “en las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968, las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía, responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad”.
La clave, por lo tanto, está en que la Ley 57/68, exigía a las promotoras y cooperativas contratar un seguro o un aval bancario que garantizase la devolución de las cantidades entregadas a cuenta para cubrir las aportaciones de los compradores de vivienda en caso de que las casas no llegasen a construirse o no se entregasen en el plazo convenido.
Además de ello, esta Ley imponía también a las entidades financieras la obligación de cumplir la labor de vigilar que la promotora o cooperativa tuviese contratado dicho seguro o aval para que, en caso de que las viviendas no se entregasen, los compradores estuviesen protegidos y pudiesen recuperar las aportaciones que hicieron.
Algunos de los afectados son la cooperativa Viviendas de Arroyo de la Encomienda, Sociedad Cooperativa, que tenía proyectado el desarrollo de una promoción de 248 viviendas de protección, garajes y trasteros, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y que debieron haberse en enero de 2011; La promotora Ronda La Muralla que proyectó la construcción de 30 viviendas adosadas en Cigales; La cooperativa Parque Príncipe, que diseñó la construcción de 217 viviendas unifamiliares en Arroyo de la Encomienda, con fecha prevista de entrega en julio de 2010, y que no se ha terminado; La promotora UTE La Almendrera que proyectó construir 45 viviendas en la localidad de Villanueva de Duero y que no han obtenido aún la licencia de primera ocupación, mientras la sociedad promotora entró en concurso de acreedores; o La sociedad cooperativa Los Ribazos que promovió la construcción de 25 viviendas en Valladolid que proyectaba entregar en el año 2008, sin que a día de hoy hayan obtenido la correspondiente licencia de primera ocupación.
Además de ellas, a lo largo de Castilla y León hay muchas promociones afectadas por el mismo problema: la promotora Gasplan Asesores S.L., que proyectó la construcción de 22 viviendas unifamiliares en la promoción denominada “La Peguera” en La Parra, término municipal de Arenas de San Pedro (Ávila), cuyas obras están paralizadas, La cooperativa Vistas de Izar, constituida en el año 2006, y que proyectó 96 viviendas unifamiliares en León, que no han empezado a construirse . La Urbanización Balcón del Tiétar, de 62 viviendas unifamiliares, con fecha de entrega en octubre de 2009, parada, el Residencial la Peguera, desarrollada por Gasplan Asesores, de 22 viviendas unifamiliares en el año 2006, inacabada, las 32 viviendas de Gescisa Promociones Inmobiliarias en Cebreros, que preveía entregar en el año 2008 y sin terminar, las promociones de Los Llamares y Los Cantos, en Burgos, de la promotora Kinter Inversiones para la construcción de 36 viviendas que deberían haberse entregado en el año 2008, y las obras están paralizadas.
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