En el año 2021, una importante sentencia del Tribunal Constitucional, la 182/2021 de 26 de octubre, declaró inconstitucional la base imponible de la plusvalía municipal, conocida como Impuesto de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Esto significa que:
el impuesto, que grava los incrementos de valor de los terrenos urbanos al momento de su transmisión, resulta inaplicable en aquellos casos en los que no haya habido un aumento real en el valor del terreno.
Sin embargo, la sentencia tuvo limitaciones en cuanto a quiénes podían reclamar. Solo aquellos contribuyentes que impugnaron la liquidación del impuesto antes del 26 de octubre de 2021 pudieron hacerlo. Esto dejó fuera a muchos propietarios que podrían haber tenido derecho a una devolución.
Ante esta situación, algunos contribuyentes han recurrido al Tribunal Supremo en busca de una solución.
El pasado 14 de febrero, el Tribunal emitió su decisión al respecto.
Descartó la posibilidad de una indemnización automática por la declaración de inconstitucionalidad, pero abrió la puerta a reclamar una indemnización si se puede demostrar que el terreno no aumentó su valor desde su adquisición hasta su transmisión.
Para lograr esta indemnización, es necesario presentar pruebas que demuestren que no hubo un incremento en el valor del terreno, o que la estimación realizada por la Administración fue incorrecta. Esto puede implicar recopilar documentación como tasaciones, valoraciones de expertos o cualquier otro medio de prueba reconocido en el ordenamiento tributario.
En resumen, aquellos propietarios que no pudieron reclamar la devolución del impuesto en su momento ahora tienen la oportunidad de hacerlo si pueden demostrar que sus terrenos urbanos no aumentaron su valor. Esto supone una ventana de oportunidad para aquellos que se vieron afectados por la aplicación incorrecta de la plusvalía municipal, permitiéndoles obtener una compensación justa por parte del Estado.
